Fiscalidad insostenible

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

Una fuente energética que opere en base, con un factor de disponibilidad cercano al 90 %, capaz de producir electricidad con independencia de factores climatológicos, de manera competitiva y que lo haga sin emitir gases de efecto invernadero, debería ser la fuente ideal para llevar a cabo una transición energética hacia una economía neutra en carbono. La energía nuclear demuestra de manera continua su capacidad para liderar y hacer viable esta transición, como demuestra el hecho de haber sido la tecnología líder en producción en 2020 y durante todo el decenio anterior, y su papel decisivo durante la borrasca Filomena que impactó la Península en enero de este mismo año.

Sin embargo, las decisiones políticas tomadas en los últimos años tratan de una manera injusta a esta tecnología eléctrica, asfixiándola con una carga impositiva insostenible y condenándola a un calendario de cierre que va a imposibilitar que España cumpla con sus objetivos de emisiones y sus compromisos climáticos internacionales en el medio plazo.

En el ejercicio 2020, las centrales nucleares españolas han operado con un flujo de caja negativo. Esto quiere decir que los ingresos anuales no han superado los costes de operación, mantenimiento, impuestos y tasas del ejercicio, llevando las plantas nucleares a pérdidas. Este hecho, muy significativo, ha tenido lugar por una serie de circunstancias singulares, pero sin duda se trata del preludio de lo que está por venir en los próximos años donde la alta penetración de tecnologías que ofertan a precio cero nos conduce a la inoperatividad del mercado mayorista.

La demanda de electricidad en 2020 disminuyó un 5,5 % debido a la pandemia COVID-19 (en los primeros meses de pandemia, esa reducción alcanzó valores cercanos al 20 %). Esto, unido a unos bajos precios del gas en los mercados internacionales, empujó los precios del pool a la baja, cerrando el año en 33,96 €/MWh en comparación con los 47,68 €/MWh de 2019. Este comportamiento implicó una reducción en los ingresos de un 29 % que, además, se ha visto agravada por un aumento de la presión fiscal en el ejercicio. El 1 de enero entró en vigor la actualización de la tasa ENRESA para la financiación de la gestión de residuos y el desmantelamiento de las plantas, que se incrementó un 19,2 %. Adicionalmente, entró en vigor un nuevo impuesto en Cataluña sobre el combustible gastado y las plantas han pasado a financiar en su totalidad la presencia continua de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado en sus instalaciones. Todo esto se une al paquete de medidas fiscales aprobadas en la Ley 15/2012, algunas de las cuales se solapan en fundamento con la legislación autonómica (siendo varias de ellas consideradas anticonstitucionales en reiteradas ocasiones).

Conviene no perder de vista que muchos de estos impuestos y tasas no se pagan sobre los beneficios sino sobre los ingresos, siendo el hecho imponible la producción de electricidad, independientemente del precio al que se venda. La realidad es que la suma de impuestos y tasas han alcanzado un valor que supera los 21 €/MWh en el año 2020 que junto a unos ingresos nucleares un 29 % inferiores al año 2019, ha llevado las plantas nucleares a pérdidas.

Desde la Sociedad Nuclear Española defendemos una política fiscal justa para las diversas tecnologías de generación eléctrica, prestando especial atención a aquéllas que nos ayudan positivamente en el camino a la descarbonización. Beneficiar a unas tecnologías mientras se grava excesivamente a otras, que reman en la misma dirección, no es un marco apropiado para la consecución de los objetivos que nos hemos marcado como país. Nuestras centrales nucleares son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y se hace imperativa una revisión de su fiscalidad. De no ser así, el riesgo de inviabilidad económica de unas plantas que podrían competir perfectamente en el mercado, nos acabará privando de la tecnología más propicia para superar el reto global que tenemos frente a nosotros.

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