El Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Norma con la que España aspira a cumplir con los Acuerdos de París, que fijan en 2050 el fin del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para lograr este objetivo de “neutralidad climática” y evitar efectos irreversibles en el medioambiente es necesario que buena parte de la reducción de emisiones se logre para 2030 y, para ello, el gobierno ha manifestado su intención de revisar al alza los objetivos de reducción de emisiones en 2025, estudiando cómo ampliar el objetivo de recorte de emisiones de un 23 % para 2030, para alcanzar hasta el 30 % que demandan, a día de hoy, las organizaciones ecologistas.
La nuclear ha evitado, solo en España, en 2020, la emisión de cerca de 20 millones de toneladas de C02 a la atmósfera. Las centrales han operado en nuestro país un 89,81 % del total de horas del año, aportado el 22,18 % en el sistema eléctrico español, con tan solo el 6 % de la potencia instalada y garantizando el suministro en un panorama difícil como la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Con estos datos en la mano, nos preguntamos: ¿Qué papel debería tener la fuente de energía que más C02 evita a la atmósfera, en la lucha contra el cambio climático? y, desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara, un papel protagonista.
El sector nuclear aporta valor a la lucha contra el calentamiento global, y la ciencia y la tecnología nuclear son estratégicas para alcanzar nuestros objetivos.
Una sola fuente de energía no podrá cubrir todas nuestras necesidades; es imprescindible contar con un mix equilibrado, basado en renovables y nuclear, para garantizar un suministro estable, seguro y sostenible.
El cambio climático es, sin duda, el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad y requiere una acción coordinada de todos los gobiernos y la utilización de todos los medios disponibles.
El fin no debe confundirse con los medios e insistimos, una vez más, en la necesidad de evitar injerencias sin fundamento científico que nos impidan llevar a cabo una transición energética sostenible, tanto medioambiental como social y económicamente.
