¿Disparamos al pianista?

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

El Gobierno ha presentado un anteproyecto de Ley que prevé minorar la retribución de ciertas tecnologías de generación no emisoras, principalmente nucleares e hidráulicas, por un importe equivalente al valor de la retribución del CO2 no emitido, y que asesta un nuevo golpe, otro más, sobre un parque nuclear absolutamente asfixiado en lo económico. Esto puede suponer el cese definitivo de las plantas nucleares, incluso antes del calendario de cierre acordado entre las eléctricas y el gobierno allá por 2019, por el que las plantas cesarían su operación entre 2027 y 2035.

Las cuentas financieras de las eléctricas están auditadas. De acuerdo con estas, las centrales nucleares españolas cuentan con un inmovilizado superior a los 5000 millones de euros, 3000 de los cuales corresponden a inversiones realizadas en los últimos diez años. Es decir, las plantas invierten del orden de unos 300 M€ anuales, por lo que hablar de instalaciones amortizadas no se corresponde con la realidad. Este punto es, sin embargo, la base principal de la argumentación del anteproyecto de Ley.

Parece querer olvidarse también de que la producción eléctrica de origen nuclear lleva una década siendo de manera continuada la primera fuente de generación en España y aportando una quinta parte de la energía consumida en el país. La nuclear aporta energía fiable que contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico y lo hace, además siendo una tecnología limpia, que evita la emisión de 30 millones de toneladas de CO2 cada año. Sin dejar de mencionar que el sector nuclear emplea a cerca de 30.000 personas en España.

La petición reiterada por parte del sector de una retribución ajustada pero razonable, ha obtenido como respuesta este nuevo anuncio, que puede suponer la estocada definitiva a una tecnología de generación que es indispensable para alcanzar la descarbonización de la producción de electricidad contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Cabe mencionar que el mercado mayorista de electricidad, en 2020, arrojó un precio medio de unos 34 €/MWh. Con estos ingresos, las centrales nucleares han tenido que hacer frente a una carga impositiva superior a los 20 €/MWh, provocando la entrada en pérdidas de todas ellas. No olvidemos, tampoco, que en 2020 se materializó la subida cercana al 20% de la tasa para la gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento de las centrales, se obligó a las plantas a financiar, mediante una tasa adicional el servicio de respuesta prestado por la Guardia Civil y entró en vigor el impuesto autonómico en Cataluña que grava doblemente a las plantas de Ascó y Vandellós II. Este impuesto, declarado anticonstitucional en varias ocasiones, no fue recurrido por el gobierno en esta ocasión y ahí sigue.

Lanzar este anteproyecto de Ley que penaliza a quienes no contaminan, sin tener en cuenta ni uno de los argumentos planteados aquí, parece más un ejercicio de funambulismo político carente de criterio técnico que una decisión sosegada que nos ayude a recorrer la senda de la descarbonización.

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