Fiscalidad insostenible

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

La inacción del gobierno central ante la nueva fiscalidad que el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha incluido en sus Presupuestos Generales de 2020 es una vuelta de tuerca más a la insostenible situación fiscal que soporta la generación de energía nuclear en España.

A través de la ley que la Generalitat aprobó el pasado mes de abril, se establece un nuevo impuesto de 5 €/MWh para las centrales nucleares, que se traduce en 120 millones de euros anuales, a los que deberán hacer frente las plantas de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. No deja de sorprender cómo el gobierno central ha hecho caso omiso de los precedentes que anularon este impuesto en el pasado, rechazando presentar en plazo un recurso por inconstitucionalidad.

Y es que la legislación nacional establece que no se puede gravar dos veces por el mismo concepto. En este sentido, el Tribunal ya declaró, en el pasado, inconstitucional un impuesto similar que la Junta de Extremadura estableció para la central nuclear de Almaraz en 2006. Del mismo modo, es el tercer intento del gobierno de Cataluña para instaurar este impuesto, que fue tumbado en las dos ocasiones anteriores por el Constitucional, previo recurso del gobierno central.

Estos impuestos se unen a la insoportable presión que sufren las centrales nucleares en materia fiscal. No olvidemos que, en 2013, se introdujeron nuevos impuestos que condujeron inequívocamente al cierre de la planta nuclear de Santa María de Garoña, al hacerle imposible competir en el mercado. Del mismo modo, estos nuevos impuestos de la Generalitat ponen en peligro la continuidad del parque nuclear catalán, que genera el 52 % de la electricidad de la comunidad autónoma.

Desde la Sociedad Nuclear Española consideramos que este tipo de decisiones políticas ponen en riesgo la seguridad de suministro de energía y los compromisos adquiridos en materia medioambiental. Las centrales nucleares españolas se sitúan siempre a la cabeza de la generación de electricidad en nuestro país, con un 22,6 % del total. Pero más importante aún, esta electricidad se produce sin la emisión de gases de efecto invernadero y sin contribuir al cambio climático. En 2019, la producción conjunta nuclear y renovable supuso el 61,6 % de la producción de electricidad en España, sumando la nuclear el 37 % de la electricidad libre de emisiones. Nuestras nucleares son, por tanto, imprescindibles para hacer frente a la ambiciosa agenda política que pretende garantizar la producción de electricidad de manera estable, a precios contenidos y permitiendo desplazarnos hacia una descarbonización de la economía.

Medidas que pongan en cuestión la continuidad del parque nuclear constituyen un riesgo inasumible, que únicamente puede ser consecuencia de una política cortoplacista. Menospreciar la esencial contribución de las nucleares a nuestra sociedad, utilizándolas como instrumento recaudatorio, nos puede conducir a la pérdida de unos activos fundamentales e irreemplazables. No olvidemos que el parque nuclear hace frente a una fiscalidad que ya supera el 40 % de los ingresos. Seguir incrementando esa presión nos llevó en 2013 a perder el 2 % de la generación de electricidad en España al abocar a la quiebra a la central de Garoña. Ahora nos estamos jugando mucho más.

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