La escalada en Ucrania y Oriente Medio
La ocupación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia por Rusia en 2022 constituye la primera ocupación militar de una central nuclear en funcionamiento. Su seguridad nuclear y protección física están comprometidas por la degradación del concepto de defensa en profundidad. Los daños sufridos en la red eléctrica ucraniana produjeron numerosas pérdidas completas del suministro eléctrico externo con activación de los generadores diésel de emergencia. La destrucción de la presa de Kajovka limitó considerablemente la capacidad de refrigeración de la central. Además, bombardeos, ataques con drones, incendios y sabotajes han afectado instalaciones de almacenamiento de combustible, una torre de refrigeración y un edificio de turbinas. La central nuclear de Chernóbil fue atacada por drones y los centros de investigación de Járkov y Kiev, también fueron afectados por acciones militares.
En Oriente Medio, las operaciones militares comenzaron hace un año con ataques contra instalaciones iraníes de enriquecimiento, un centro de investigación nuclear y un reactor de agua pesada en construcción. Desde el mes de febrero, se han ampliado los ataques en la región, afectando a la central nuclear iraní de Bushehr y la central nuclear emiratí de Barakah. Aunque las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no han detectado liberaciones de radiación, la implicación directa de diversas instalaciones nucleares civiles en conflictos armados representa una normalización sin precedentes.
Nuevos riesgos y vacíos jurídicos
Estos conflictos demuestran que muchos componentes del ciclo de combustible nuclear pueden convertirse en objetivos militares. Accidentes graves podrían provocar la degradación del núcleo del reactor, de combustible gastado o emisiones radioactivas. Ataques de precisión mediante drones y ciberataques sofisticados incrementan los riesgos en instalaciones nucleares. Además, el deterioro de los tratados de no proliferación y control de armamentos, junto con la reactivación de doctrinas de disuasión nuclear, pueden contribuir a la normalización de los ataques contra las infraestructuras nucleares civiles.
Los actuales instrumentos jurídicos no proporcionan una protección suficiente frente a las agresiones contra instalaciones nucleares. Ni el Protocolo I de los Convenios de Ginebra ni los estándares de seguridad nuclear y protección física prohíben explícitamente ataques militares contra instalaciones nucleares ni establecen mecanismos de protección durante los conflictos armados, generando una importante ambigüedad jurídica. Resulta urgente adoptar y ratificar una convención internacional que prohíba específicamente los ataques contra las instalaciones nucleares civiles. Dicho acuerdo podría establecer zonas desmilitarizadas protegidas, reforzar la supervisión internacional y ampliar el papel operativo del OIEA durante conflictos armados.
Una protección internacional más sólida
Asimismo, los estándares de seguridad nuclear y protección física requieren adaptarse frente a conflictos armados. Los siete pilares de seguridad nuclear y protección física establecidos por el OIEA, junto con sus cinco principios para la protección de la central nuclear de Zaporiyia, proporcionan un marco inicial para desarrollar estándares específicos. Si la energía nuclear convencional ha de seguir contribuyendo a la generación de electricidad y a la limitación del cambio climático global, el desafío para la comunidad internacional consiste en garantizar que las instalaciones nucleares civiles permanezcan estrictamente al margen de los conflictos armados.
La transformación de las instalaciones nucleares civiles en objetivos militares estratégicos representa un cambio de paradigma con importantes implicaciones para la seguridad nuclear y la protección física, la salud pública y la protección del medio ambiente. Preservar el uso pacífico de la energía nuclear requiere marcos jurídicos internacionales más sólidos, normas reforzadas aplicables en tiempos de guerra y la posible integración de medidas de protección de las instalaciones nucleares en futuras negociaciones de paz.
