Cataluña cuenta con 3 de los 7 reactores nucleares en operación, cuya generación supone el 58% de la producción eléctrica del territorio, permitiendo cubrir la mitad de su demanda de electricidad. Por ello, Cataluña será el territorio más afectado por el cierre nuclear. La pérdida de esta fuente de energía con el cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós entre los años 2030 y 2035, requiere de alternativas viables para mantener la autonomía energética y garantizar la seguridad del suministro eléctrico del territorio. Sin embargo, el plan de sustitución de la energía nuclear, que incluye (i) el uso de energías renovables, (ii) un incremento de importaciones de electricidad desde los territorios colindantes enfrenta serias limitaciones.
El plan de transición energética de Cataluña, PROENCAT, establece un objetivo de instalación de casi 9.500 MW de energía solar fotovoltaica y eólica para el 2030, siendo un objetivo muy alejado respecto a lo que ha sido el ritmo histórico de instalación de renovables en el territorio. Para conseguir dicho objetivo, se necesitaría instalar del orden de 1.500 MW anuales, cuando el ritmo de instalación de los últimos años es de únicamente 24 MW por año. Además, la integración de renovables requiere del desarrollo a gran escala de almacenamiento de energía, especialmente bombeo, un área que también se encuentra rezagada por costes, tiempos de desarrollo prolongados y el elevado impacto ambiental, especialmente en el caso de las instalaciones de bombeo.Enfrentando la necesidad de importaciones de electricidad de Aragón, la Comunidad Valenciana y Francia, Cataluña se topa con la necesidad de desarrollar nuevas líneas de transporte que permitan incrementar sus capacidades de importación, cuestión que se enfrenta a obstáculos administrativos y sociales que ralentizan su desarrollo y ejecución.
Por tanto, serán los ciclos combinados de gas los que cubrirán el déficit de generación no cubierto por renovables e importaciones en Cataluña, lo que impactará negativamente en términos de costes de generación y emisiones de CO2. Incluso con la operación de los ciclos combinados a pleno rendimiento, el riesgo para la seguridad del sistema eléctrico no estará totalmente mitigado, dado el papel clave que las centrales nucleares han venido mostrando en situaciones de congestión. El cierre nuclear impactará significativamente tanto en los costes eléctricos como en el aspecto ambiental. Mantener las centrales nucleares en operación supondría una reducción del precio medio mercado eléctrico de 13 €/MWh en condiciones de mercado “normales”. La no extensión de la operación de las centrales nucleares por 10 años, en cambio, supondrá un extracoste a la demanda eléctrica catalana de aproximadamente 5.400 millones de euros. Además, Cataluña experimentará un incremento de hasta un 240% en sus emisiones de CO2, convirtiendo a Cataluña en uno de los territorios con mayores emisiones de CO2 del país. Los efectos socioeconómicos también son relevantes, debido al peso específico del sector nuclear en empleo y aportación al PIB, tanto a nivel autonómico como local, y por la importancia de un consumo eléctrico estable y seguro para la industria catalana.
Considerando estos impactos, es razonable pensar que debe abrirse una ventana de reflexión sobre la conveniencia de mantener el calendario de cierre nuclear tanto por parte de la administración y grupos políticos como de la sociedad, que será la principal perjudicada en última instancia. Sin embargo, una prolongación de la operación de las centrales no será posible bajo las condiciones impositivas que actualmente soportan las centrales nucleares, por lo que es necesario un diálogo entre las administraciones y los operadores, que permita encontrar la mejor solución para todos los implicados.
